El Gobierno obligará a partir del mes de Junio a poner a disposición de los compradores o arrendadores de una vivienda, en el caso de que el alquiler sea de más de cuatro meses, un certificado de eficiencia energética. La medida se incluye dentro de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para el apoyo a la vivienda y rehabilitación. Este certificado deberá, además, incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y en el caso de que no sean de nueva construcción, un documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha elaborado los programas informáticos CE3 Y CE3X, ambos publicados como documentos a disposición de los técnicos certificadores. Será el IDAE quien se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de vivienda y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente. Este tipo de certificación también tendrán que tenerla los edificios públicos, donde haya una autoridad pública que ocupe una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados y que además sea frecuentado de forma habitual por el público. El Gobierno también aprobó un Real Decreto para mejorar la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables en los edificios, con una dotación de cien millones de euros. Se podrán beneficiar de estas ayudas las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, las comunidades de propietarios de edificios de vivienda no divididas horizontalmente y las personas físicas propietarias de un edifico de vivienda unifamiliar. Se contempla la posibilidad de sustituir energía convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en los edificios de viviendas ya existentes, entre otras cosas.
