La modificación de la norma supera el debate de totalidad en el Parlamento y continúa su debate en la Cámara para reforzar la participación en la elaboración del planeamiento.
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| Josefina Cruz Villalón durante su intervención |
a consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha destacado en el Parlamento de Andalucía que el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) tiende a flexibilizar la ejecución del planeamiento en los suelos ya urbanos y adopta medidas de dinamización, agilización y viabilidad económica de las actividades urbanísticas en el interior de las ciudades.
Durante su intervención para presentar la reforma legislativa de la LOUA, aprobada por Consejo de Gobierno el pasado 8 de noviembre, Cruz Villalón ha explicado que, frente al modelo de nuevos crecimientos en nuevos suelos urbanizables, la dinamización de la actividad urbanística en el contexto económico y financiero actual pasa por operaciones de intervención en el interior de la ciudad. "La recuperación del sector inmobiliario y la dinamización urbanística, o lo es en el ámbito de la ciudad existente, o no lo será", ha indicado.
Según la consejera, a diferencia de las actuaciones expansivas, los suelos objeto de operaciones de transformación de la ciudad cuentan con un valor de partida que ofrece una mayor fiabilidad financiera. Cruz Villalón ha añadido que "volver la mirada a la ciudad existente significa también reabrir las puertas del sector inmobiliario a las pequeñas y medianas empresas".
Esta reforma, que avanza en su tramitación parlamentaria y que ahora abre un plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a su articulado, incidirá positivamente en la recuperación del sector inmobiliario en el interior de las ciudades, según ha incidido la consejera.
Cruz ha recordado que la LOUA ha logrado un crecimiento ordenado y equilibrado de las ciudades y pueblos de Andalucía para garantizar la disponibilidad de suelos en el lugar adecuado para usos residenciales, particularmente para vivienda protegida, así como para equipamientos públicos y actividades productivas. A su juicio, su importancia en el marco de las relaciones territoriales, económicas y sociales permite afirmar que 435 municipios, donde reside casi el 85% de la población andaluza, cuentan con un Plan General adaptado a la LOUA, destacando el hecho de que ninguna comunidad autónoma puede contar con un balance "tan positivo como éste".
En materia de vivienda protegida, las directrices de la nueva ley estatal no alteran lo ya dispuesto por la LOUA, ya que se mantiene la obligación de realizar una reserva del 30% de suelo residencial para VPO en cada planeamiento urbano. No obstante, el nuevo documento vincula estas reservas a los planes municipales y autonómicos de vivienda y suelo, ajustándolas por tanto a la demanda previsible en cada municipio.
Los cambios introducidos, en el marco de la adecuación a la nueva legislación estatal de suelo, supondrán asimismo una "agilización de trámites" y "un mayor reconocimiento" de los derechos de los ciudadanos, reforzándose los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano. La consejera ha valorado la participación de los agentes sociales en la elaboración de la norma, "su esfuerzo y responsabilidad por lograr un consenso en torno a la reforma", lo que significa "reconocer" la oportunidad de la norma que se tramita y el efecto beneficioso que tendrá para el urbanismo en general.
Agilización y participación ciudadana
Una de las principales medidas de agilización se refiere a la cesión de suelo para equipamientos y dotaciones que legalmente deben realizar los promotores a favor de los ayuntamientos. La nueva LOUA permitirá sustituir esta entrega por una cuantía económica equivalente a su valor, cuando el terreno no alcance unas dimensiones mínimas exigibles. En estos supuestos, el municipio deberá crear un depósito específico que se destinará exclusivamente y, en un plazo máximo de tres años, a obtener suelo de mayor entidad para dotaciones compensatorias de calidad. Se evitará así la fragmentación de las áreas dotacionales y su localización en espacios residuales.
El proyecto de Ley también establece fórmulas para atribuir a los ayuntamientos modificaciones urbanísticas que hasta ahora eran competencia de la Administración autonómica, entre ellas las vinculadas a la obtención de estos espacios procedentes de la compensación por pago. De igual modo, el municipio podrá fijar el número de viviendas de cada proyecto dentro de los tramos que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En las actuaciones urbanísticas destinadas a aumentar el aprovechamiento de suelo o la edificabilidad en espacios ya construidos, la nueva LOUA permitirá a los municipios disminuir las cesiones obligatorias de terrenos desde el 10% hasta el 5% del incremento planteado. Por su parte, en los terrenos de uso residencial, y con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales sin alterar el modelo de ciudad, se eleva el número máximo de viviendas permitido en un 20% respecto a la normativa ahora vigente.
En relación con el proceso de elaboración del planeamiento urbanístico, la Junta habilitará un órgano colegiado que actuará como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de los informes sectoriales vinculantes que ahora emiten por separado las diferentes consejerías. Esta medida, que se concretará reglamentariamente, permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará la colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local en relación con las incidencias que pueden plantearse durante el proceso.
El proyecto de Ley introduce también medidas que permitirán acortar sensiblemente los plazos de tramitación y aprobación de los planes parciales y especiales (instrumentos de desarrollo de los PGOU). De este modo, y con la finalidad de ahorrar procedimientos, el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se emitirá al principio del proceso, junto con el resto de informes sectoriales, y no al final, lo que aportará mayor celeridad a estos procedimientos.
Por otro lado, la norma reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad, ya garantizados por la actual LOUA, en todos los trámites relativos al planeamiento urbano. Entre otras novedades, se exigirá a los ayuntamientos la elaboración de un resumen ejecutivo de síntesis para hacer más comprensibles los objetivos y directrices de los PGOU en su fase obligatoria de exposición pública. Las administraciones también deberán incluir en la documentación de estos planes un informe de sostenibilidad económica, con un análisis de los costes que para las haciendas públicas suponen tanto la ejecución como el mantenimiento de servicios y equipamientos.
Asimismo, se ampliará el derecho de consulta de los particulares, con nuevas medidas orientadas a que cualquier persona pueda preguntar a la Administración local o a la autonómica sobre las características urbanísticas de un terreno. Las administraciones estarán obligadas a dar respuesta a estas cuestiones en el plazo de tres meses.
El proyecto de Ley permite también que cualquier particular, y no sólo los propietarios de suelo, pueda llevar a cabo actuaciones de transformación como 'agente urbanizador', una figura ya regulada en la actual LOUA que debe responder ante la Administración y es seleccionada siguiendo los principios de publicidad y concurrencia. En este punto, la introduce una mayor clarificación del papel de cada uno de los agentes que intervienen en la actividad urbanística (propietarios, agentes urbanizadores y empresas constructoras y urbanizadoras).